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Opciones para Colombia
16 Aug 2002
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    Mariano Aguirre, director del Centro de Investigación para la Paz (CIP) en Madrid, argumenta que precisa que el nuevo presidente de Colombia haga hincapié en la negociación. Según él, un camino de la fuerza y la introducción de las milicias civiles antiterroristas llevaría a fracaso y un aumento de la violencia.

     El presidente recién electo de Colombia, Alvaro Uribe, hizo una visita a Europa hace poco para buscar apoyo a su política que se basará en fuerza y negociación. En un país harto de violencia política y criminal la mayor parte de los votantes dieron su apoyo a este plan en las últimas elecciones. A principios de agosto comenzó el mandato de Uribe y se podrá avanzar a nuevas negociaciones de paz que se rompieron en febrero pasado o hacia un recrudecimiento del conflicto. En su programa hay elementos para imaginar los dos escenarios.

    Colombia es un Estado que no funciona. Tiene gobierno, administración, elecciones, parlamento y leyes, pero una gran parte del territorio no está controlado administrativamente por el Estado y se encuentra en tierra de nadie o bajo el control directo o indirecto de las guerrillas de la FARC, del ELN o de los cada vez más poderosos grupos paramilitares. No rige el principio básico del Estado moderno del monopolio legítimo del uso de la fuerza. El sistema impositivo es, asimismo, altamente ineficiente. La economía del país está deformada por la producción y exportación ilegal de droga.

    Los escenarios futuros se analizaron hace pocas semanas en Washington DC, en un encuentro organizado por el Center for Latin American Studies de Georgetown University, la Ecole de la Paix de Francia y la Fundación Friecrich Ebert. Representantes de gobiernos europeos, de EEUU y de Colombia, y de ONG y centros de estudios, coincidimos en que es necesaria una reforma del Estado, pero algunos temen que Uribe preste más atención a reforzar las fuerzas armadas y la policía con el apoyo de EEUU que a contar con un sistema más eficaz de justicia. Más aún, el nuevo gobierno ha impuesto un Estado de sitio y esto acaba con las pocas garantías jurídicas con las que todavía se contaba.

    En este país hay una activa sociedad civil con iniciativas sobre derechos humanos, género, los niños soldados, los desplazados interiores, y la opresión (olvidada) a las poblaciones negra e indígena, entre otras cuestiones. La preocupación de algunos sectores es que el nuevo gobierno en vez de buscar el apoyo de la sociedad civil movilice el miedo y lleve adelante el plan de crear milicias civiles antiterroristas. Esta experiencia, que se realizó en Perú en la lucha contra Sendero Luminoso, en Guatemala durante la guerra contrainsurgente en los años 80, y en Argelia en los años 90 en la contienda contra los islamistas radicales, causó matanzas, venganzas y un fuerte descontrol por parte del Estado hacia las armas que circulan y se usan en la sociedad. Los paramilitares, las guerrillas, y en algunos casos las mismas fuerzas de seguridad, ya impactan violentamente sobre la población para ganar su apoyo o tomar represaliar si creen que han dado infraestructura a la otra parte. Añadir entrenamiento y armas a esa situación no traerá buenos resultados. Lo que se precisa es más Estado a través de más justicia, más administración, más mecanismos de devolución del Estado hacia la sociedad, más control democrático de las fuerzas de seguridad, nuevas negociaciones y, por último, uso de esa fuerza si fuese preciso.

    La negociación es algo que aparentemente todos quieren. El nuevo equipo afirma que hay que tener fuerza para que la otra parte negocie. La FARC y el ELN tienen la misma teoría tradicional de la guerra. Los paramilitares quieren pasar a ser actores legales y legítimos de una negociación o que no haya ningún proceso de paz. Una nueva negociación de paz puede durar años, y debería integrar en grupos de consulta y círculos de negociación a secotres armados y no armados.

    Pero un problema es qué se negocia. En Colombia hay un serio y antiguo conflicto sobre el control y las disputas sobre una tierra fértil para cultivar café, las bases de las drogas, rica en oro, en petróleo y otros recursos. La fuerza se usa para desplazar grupos de miles de personas y quedarse con su tierra. No ha habido una reforma social de la misma. ¿Está dispuesto Uribe a enfrentar este problema?

    En la base del problema del narcotráfico, que muchas veces se señala equivocadamente como la causa del conflicto, está la tierra y la pobreza, y la falta de opciones para decenas de miles de personas de integrarse en otros trabajos. Desde los campesinos que cultivan hasta los traficantes que operan en el sistema internacional de tráfico y movimiento de capitales todos tienen un lugar en la economía política de la droga. ¿Se les hará sitio en la economía legal? Cada vez más gente en Colombia entiende que el conflicto armado le provee un marco de referencia económico (aunque inestable y peligroso), unas normas (de la guerrilla o los paramilitares o los narcos) y una protección que no le ofrece el Estado. O este último recupera su legitimidad o amentará el número de grupos violentos con warlords.

    La cuestion de la exportación de droga tiene relación con la inmensa demanda que recibe desde EEUU y Europa. Los gobiernos y sociedades desarrolladas tienen también una responsabilidad que asumir. Los planes para controlar la producción y el tráfico en el sitio de origen, sea Colombia o Afganistán, no han dado resultados, aunque EEUU y el gobierno estén fumigando inmensas zonas del país con pésimos resultados para las poblaciones y el sistema ecológico.

    El Estado debe ser operativo. Pero reformar no es solamente reforzar el sistema de seguridad. Y construir el Estado no es solamente el aspecto institucional. Es preciso trabajar con la sociedad civil y sus múltiples iniciativas para fortalecer la cohesión social. Demasiada gente en Colombia cree que solamente la fuerza sirve como método entre intereses encontrados. Si el Estado es ineficiente y además se aferra a los métodos violentos entonces confirma esa percepción y todo estará perdido.

    Colombia corre un serio peligro si el nuevo Presidente orienta su política solo hacia la lucha contra el terrorismo. Esto llevaría a confirmar que su país debe estar en la lista de los objetivos de la guerra contra el terrorismo global del gobierno de EEUU. La política de Washington está orientada crecientemente al uso de la fuerza y a la presión antes que a la cooperación y las negociaciones. Colombia podría quedar atrapada por la violencia externa e interna. Europa, en este marco, debería sugerir firmemente a Uribe que reforma vertical y horizontalmente el Estado; que promocione la sociedad civil y, a la vez, servir de contrapeso a la política de EEUU. La lógica de la fuerza puede llevar a Uribe a un fracaso y a Colombia a un período todavía más dramático.

    Una versión de este artículo fue publicada anteriormente en El País.


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